Mi dignidad
Doce diarios de Catalunya, entre ellos La Vanguardia, publicaron el jueves un editorial conjunto titulado "La dignidad de Catalunya". Que unos medios de comunicación se arroguen la defensa de la dignidad de un pueblo creo que excede el papel que les corresponde. Que lo hagan conjuntamente evidencia que el pluralismo ideológico tiene en Catalunya el límite de una identidad colectiva que unos pocos han definido yque no puede ser puesta en cuestión. Que se quiera imponer este límite al mismo Tribunal Constitucional, supone una coacción indebida y un grave quebranto de las reglas de juego del Estado de derecho. Desde hace ya mucho tiempo, algo huele a podrido en la vida política catalana. El aplauso de la clase política al editorial es una sonrojante muestra del papel que ha desempeñado en el asunto.
Yo no pretendo hablar de algo tan misterioso como la dignidad de Catalunya sino, simplemente, de mi dignidad como columnista que está en desacuerdo con lo expresado en el editorial conjunto y quiere exponer las razones de este desacuerdo porque, en otro caso, se sentiría indigno. No acabo de entender muy bien qué es la dignidad, pero entiendo perfectamente qué es la indignidad, tengo claro quiénes son indignos y no quiero ser uno de ellos.
El editorial puede ser examinado desde muchos puntos de vista, optaré por abordarlo desde el derecho constitucional, en el que muestra un déficit lamentable de conciencia democrática. Respecto a hechos objetivos, no es cierto, como dice el editorial, que Catalunya sea definida en el Estatut como nación, ni en el preámbulo ni, menos aún, en el articulado, donde precisamente es definida como nacionalidad en su artículo 1.
Yendo a cuestiones valorativas, es contradictorio decir que les resulta inquietante que el tribunal haya sido empujado -¿por quién?- a actuar como "cuarta cámara", es decir, como poder legislativo y no como jurisdicción, cuando después se le demanda al tribunal que "decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto", recordando que el Estatut es "fruto de un doble pacto político" y que "no va a decidir solamente sobre un pleito" sino sobre "la dimensión real del marco de convivencia español", con alusiones también a que "están en juego" unos misteriosos "pactos profundos" que han hecho posible la actual democracia. Este lenguaje críptico sólo parece pretender que el tribunal incumpla su estricta función de determinar la constitucionalidad de unos preceptos jurídicos y lleve a cabo un juicio político, incumpliendo así con las competencias que tiene asignadas y vulnerando la división de poderes, un principio básico del Estado de derecho.
Si el editorial quiere defender la dignidad de Catalunya, bórrenme de esa Catalunya, yo me apunto a otra distinta en la que espero vivir con dignidad y en la que estoy seguro no me encontraré solo.
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Estado español, noviembre de 2009
A/A de amigos, clanes, grupos, compañeros, excompañeros enfrentados y demás; gentes de Ces, de Upeidé, de Pepés, de PESOES, desencantados, desengañados, nacionalistas de buen corazón:
Nuestro país, el suelo que pisamos, ya no es sustantivo; ha pasado a ser un adjetivo. En algunas regiones del mismo, como Cataluña o País Vasco (donde parece que las cosas, poco a poco, mejoran), y entre sectores tales como gran parte de la juventud y muchos de los que se autodenominan progresistas, su nombre tiende a evitarse o incluso a censurarse en cualesquiera conversaciones, tanto como acabo de hacer yo en esta larga frase.
El ensombrecimiento de nombres no es, empero, la causa de ningún mal, sino la consecuencia de muchos otros que de verdad entorpecen el libre devenir de los ciudadanos que conformamos España.
Tenemos un gobierno que sabe representar mejor que nadie los "valores" que están en boga en nuestra sociedad, esto es: relativismo, búsqueda de la gratificación exclusivamente instantánea, falta de análisis profundo, tercermundismo de salón, rechazo a cualquier tipo de autoridad, igualitarismo, falta de respeto, exageración de la tolerancia, burla al esfuerzo, condena de la razón...
El resto de la clase política no le anda a la zaga, porque tan (o más) culpable es quien se equivoca sin conocimiento de causa como el que, abrazando en teoría algunos de los principios conculcados, los oculta y hasta reniega de ellos con tal de recabar apoyos y conquistar el poder.
En Cataluña, a estos defectos de fábrica se les añade uno que los consume todos e incluso los expande: el nacionalismo. Un nacionalismo provinciano que contribuye a la fuga de capitales, tanto humanos como económicos, aparte de establecer diferencias entre españoles según su grado de afinidad para con el régimen.
Sin embargo, las grandes familias de nuestra región, quienes realmente mandan y mangonean en est aparte del Mediterráneo, no son nacionalistas "de tot cor". No al menos nacionalistas catalanes. Con Franco, no había más nacionalista español que las familias cuyos apellidos nos suenan tanto por copar los Parlamentos, las grandes salas culturales, las empresas autóctonas más potentes, los despachos funcionariales más decisivos.
No obstante, parece obvio también que el nacionalismo ha sido el arma a la que se han aferrado nuestros dirigentes para que el pueblo llano les ayudara en sus muy exclusivos objetivos. La religión ya no se lleva tanto, y las masas necesitan un líder al que adorar, tenga éste forma corpórea o etérea. ¿Por qué no la "nació"? Cuando la política, que son hechos y razones, se sumerge en terrenos tan pantanosos como el de los sentimientos, es porque se busca crear un ambiente embarrado. "Ya se sabe, en río revuelto..."
Este punto es de vital importancia, puesto que muchos hemos creído alguna vez estar luchando únicamente contra el nacionalismo. Si bien esto es cierto respecto a muchos de los ciudadanos que nuestros políticos han "captado" mediante la manipulación, no lo es menos que también tenemos enfrente a los intereses privados de los "grandes" de Cataluña. Y ello quiere decir que lo que nos podría llegar a servir contra el populacho (proclamas a favor de la destrucción de yugos identitarios y demás, apelar a una ciudadanía sin privilegios), no sirve para "convencer" a nuestra clase política. Nuestros políticos van mucho más allá del nacionalismo catalanista. Ellos sí quieren privilegios. Ellos quieren más, aunque sólo sea gestionar la independencia, como subrayaba F. Savater.
or todo esto, creo que la única llave que tenemos para abrir las puertas de la libertad y la buena convivencia es una que, aunque pequeña como un ratón, debería y debiera ser fuerte como un león: la ley.
La política es raciocinio, debate, que queda reflejado en la ley. Una vez hecha ésta, se respeta y, de considerarse inadecuada, se lucha por cambiarla de acuerdo a sus procedimientos, asimismo legales. Si se permite que la pasión se ponga a la misma altura que la ley bajo un falso pretexto de "democracia", estaremos retrocediendo a la época de las cavernas.
Las leyes hay que respetarlas. El que las contraviene, sabe que debe pagar por ello, en forma de multa, privación de libertad o lo que sea. Uno de los problemas viene, claro, cuando se actúa al margen de la ley y el que ha de imponerla mira hacia otro lado (por intereses). Un ejemplo, la ley de política lingüística del 98; otro, la reciente LEC. Esta situación, además, conlleva que el "fuera de la ley" se crezca y vayan aumentando sus actos ilegales (léase Estatuto).
Por si lo anterior no fuera suficiente, existe otro problema de la misma índole o mayor: el que atañe al ciudadano que se encuentra con que las leyes que ha de observar son ilegales (por ejemplo, las que contraviene la Constitución, como el nuevo Estatuto). En ese caso el problema se agrava, porque le plantea una difícil duda: "¿Qué hago? ¿Obedezco? Y si lo hago, ¿a qué ley? Porque una pone que todos los españoles somos iguales; la otra, sin embargo, dice que si no sé catalán no puede trabajar en la administración de allí."
Por eso, entre las leyes también hay una jerarquía, palabra estigmatizada en estos tiempos. Y en España, la regla suprema, la norma normarum, la ley de leyes, se llama Constitución española.
La Constitución, por encima del poder que le otorga ser la ley a la cual todas las demás han de acoplarse, y a la que todas deben respetar, tiene un valor simbólico y hasta melancólico, si quieren, que no podemos olvidar: selló la paz ideológica, estableció la libertad, sentó las bases de la convivencia de la que ahora tanto y tantos disfrutamos. Gracias a ella, nacionalistas, comunistas, fascistas, lerdos, culteranistas, conceptistas y muchos otros tenemos y tienen derecho a expresarse, a decirse y desdecirse, a adorar sus ideologías y sentimentalismos, a casi todo. ¡Bienvenida sea!
Sólo exigía algo a cambio. Que nada de lo que se hiciera y decidiera en una corte pública estuviera en contra de lo que ella permitía. Así de sencillo.
Por eso es tan peligroso que algunos irresponsables esgriman que un precepto es constitucional cuando saben que no lo es. Por eso es tan peligroso, también, que haya representantes públicos que espeten que les da igual lo que ponga en ella, y que si tal, que sea la Constitución la que se adapte "a los nuevos tiempos".
La Constitución, con sus fallos, que los tiene, es lo mejor que ha parido esta nación en muchísimos años. Deberíamos amarla como los estadounidenses aman su bandera. Como los franceses s sus pensadores clásicos. Como un papel que nos ha permitido aceptarnos, respetarnos y convivir a todos los españoles sin excepción. Como lo que es: la mejor obra de arte de la España contemporánea.
Por eso os pido que unamos fuerzas al estilo "federal", es decir, cada uno a lo suyo, pero con un núcleo mínimo centralizad: la defensa de la Constitución.
Por eso os pido que los próximos días 6 (día de la Constitución) y 13 de diciembre (día de actos ilegales contra ella) a las 12 de la mañana nos concentremos en la Plaza de San Jaime, antigua Plaza de la Constitución EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN. Sin amenazas ni coacciones al TC. Simplemente, mostremos a toda España y a Cataluña en particular nuestra visión del país. Llevemos las pancartas que queramos, vistamos los colores y banderas que queramos, pero dejémosle bien claro a la ciudadanía y al gobierno que aquí hay una serie de personas que confiamos en la ley.
Ricardo L. M.
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Siempre ha habido idiotas en España (y en todo el mundo). Idiotas en el sentido de "estúpido", e idiotas en el sentido de "no participantes en la política del pueblo". La diferencia es que, hace algún tiempo, los más idiotas pasaban de los asuntos púnlicos, dejando éstos a los poderosos (que podían ser idiotas o no, malvados o muy malvados, pero que al menos acostumbraban a saber de qué iba la cosa). Hoy en día, es muy fácil que la doble condición de idiotez se reúna en la misma persona. "No sé nada, no quiero saber nada, pero exijo (no pido, no; exijo, que se atiendan mis demandas."
Ortega vió austado (y lo espeluznante del asunto es que no fue ayer cuando lo hizo, sino hace casi 80 años) como
no es "que el hombre vulgar crea que es sobresaliente y no vulgar, sino que (...) proclame e imponga el derecho a la vulgaridad o la vulgaridad como un derecho".
Esto es el mundo actual. Nos hemos creído tanto el cuento de la democracia que lo hemos llevado a un falso extremo. Democracia significa participación y poder del pueblo, pero no implica que todos seamos iguales en habilidades, taltento ni, por tanto, en capacidad para juzgar. Al igual que un ciego no puede ser piloto de aviones ni una mujer antidisturbios (tranquilos, todo llegará), la opinión de un lerdo sin conocimientos de un tema no puede ser decisiva en dicho tema.
No somos todos iguales. ¡Satán nos salve! Ni lo somos ni lo queremos ser. Me consta que se ha luchado por esa diferencia durante toda nuestra Historia. Unos somos mejores que otros. Otros son mejores que unos. Pero ni somos, ni fuimos ni seremos iguales.
En la sociedad del momento, tenemos lo peor del capitalismo (todo tiene un precio, sólo lo más rentable a corto plazo es viable) con lo peor del comunismo (nadie es ni puede ni , sobre todo, debe ser más que yo; al que destaque, lapidación moral). Y cuando entremos en la enémisa guerra, pensaremos que a su fin todo habrá acabado y que habremos aprendido la lección...
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Estamos muy mal. Cuatro negros de mierda secuestran a unos españoles en sus aguas somalíes. El gobierno decide jugarlos. Mientras, torturan, humillan y hasta violan al personal español. ¿Español? Los atuneros, mayoritariamente vascos y gallegos deambulaban bajo bandera "vasca", inexistente en el mundo naval. La única reconocida para ellos es la española con la corona real. Y el gobierno, experto en genuflexiones de todo tipo, se arrodilla una vez más y "cede" ante 4 negros de mierda, a los que se tilda de "piratas" para darles algo de empaque, cuando no son más que 4 hijos de puta que hacen lo más fácil que saben hacer para conseguir pasta, sabedores de las circunstancias de mierda en las que viven en su mierda de país. El gobierno de un país occidental en jaque por 4 desgraciados famélicos.
¿Habría que atender sus súplicas de ayuda, cuando han renunciado a ese país al que imploran? Una vez al tanto de la situación, ¿debemos pagar un rescate de millones de euros a 4 negros desnutridos? ¿Por qué, de cada cuatro que lean este artículo, dos sólo quedarán con los de negros de mierda y un tercero con lo de la bandera española, y prácticamente nadie clamará por una intervención en su bote a bombazo limpio?
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Por qué votar a UPyD y a Ciudadanos
22 de Febrero de 2009 - 07:21:54 - Pío Moa
Ante todo, porque son grupos democráticos, los únicos que hoy existen en la izquierda. En segundo lugar porque defienden la unidad de España, algo también muy raro en la izquierda. Normal que las cloacas del PP estén soltando inmundicia sobre todo contra el primero, y lo hacen precisamente porque defiende lo que ha dejado de defender el PP. Este, actualmente, incide en el proceso balcanizante al lado de Zapo, y no es un partido democrático. Otras derechas, al margen del PP tampoco son democráticas, y critican severamente a UPyD por no pensar como ellas. Porque el gran problema es que en la derecha no se ha desgajado un partido como UPyD. AES, por ejemplo, critica al PP por su falta de españolismo, lo que está muy bien, pero no por su traición a la Constitución y a los principios democráticos, que realmente le importan poco. Insisto: hoy está claro que la Constitución es muy defectuosa y debe reformarse de acuerdo con la experiencia histórica. Pero darla por liquidada supone aceptar como cosa normal la vulneración de las leyes por unos políticos delincuentes, lo que vuelve imposible la convivencia en el futuro. Desde luego, hoy yo votaría a AES antes que a los futuristas, pero el carácter no democrático de ese partido me hace preferir a una izquierda que no me gusta, pero que percibo, en la práctica, partidaria de las libertades, la igualdad ante la ley y contraria a la balcanización. Y, aunque en lo demás discrepemos, estos son puntos absolutamente elementales para la convivencia, que están siendo pisoteados todos los días por la cuadrilla de Zapo con el apoyo del Futuri
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La reciente Enquesta sobre els Usos Lingüístics de la Població ha puesto de relieve dos circunstancias que no todo el mundo está igualmente dispuesto a aceptar. En primer lugar, Catalunya es una sociedad bilingüe en un marco de multilingüismo moderado. En segundo lugar, la lengua mayoritaria de Catalunya es el castellano.
En los últimos tiempos se ha puesto de moda apelar al multilingüismo de Catalunya, especialmente entre los más reacios a asumir previamente su carácter bilingüe. En Catalunya se hablan 300 lenguas es un eslogan que se ha hecho popular, pero que no describe bien la realidad lingüística existente. Según los datos de la encuesta citada, la mayor parte del pastel lingüístico se lo reparten solo dos lenguas. El 90% de los catalanes tiene el castellano, el catalán o ambas lenguas como lengua inicial (léase materna). Más del 92% tiene el castellano, el catalán o ambas lenguas como lengua propia. Y más del 93% tiene el castellano, el catalán o ambas lenguas como lengua habitual. De las otras 298 lenguas solo un puñado es visible en la encuesta, y entre ellas solo despunta el árabe, que es la lengua de 2 de cada 100 catalanes.
En este marco de bilingüismo consolidado y multilingüismo emergente, la otra cosa que ha puesto de relieve la encuesta es que el castellano es la lengua mayoritaria de Catalunya. Como lengua inicial le saca 23 puntos al catalán (55 a 32); como lengua propia, le saca 9 puntos (46 a 37), y como lengua habitual, 10 (46 a 36). De modo resumido, podríamos decir que el catalán mantiene sus efectivos en términos absolutos, pero ha perdido peso relativo, por la «agregación» (en términos del sociolingüista Albert Fabà) de castellanohablantes de origen suramericano al grupo de castellanohablantes autóctonos.
Por otra parte, cabe destacar cómo la diferencia de 23 puntos en la lengua inicial queda reducida a 9 o 10 en las otras dimensiones. Esto se debe al hecho de que una parte importante de personas de lengua inicial castellana considera que su lengua es el catalán (o el catalán y el castellano). Y, directamente conectado con esto, tenemos el hecho de que en Catalunya se habla más en catalán con los hijos que con los padres o los abuelos, justo al revés de lo que sucede en los procesos de extinción de lenguas.
Hasta aquí los datos. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Uno diría que los datos de la encuesta alejan la posibilidad de «hacer de la lengua catalana la lengua pública habitual, normal, común de nuestra sociedad» que evocaba en este mismo periódico Bernat Joan, secretario de Política Lingüística de la Generalitat. Pero las últimas declaraciones de Joan no van precisamente por ahí. En una entrevista reciente, para cambiar las «dinámicas existentes», Joan se mostró partidario de una nueva ley de política lingüística «más ambiciosa y más amplia», con el objetivo de «conseguir que el catalán sea cada vez más lengua habitual de los ciudadanos de este país». Apelando a la legislación como método para cambiar la realidad, Joan incurre en un afán muy español, cuya última manifestación es la ley de educación de Catalunya (LEC). Este afán consiste en creer que una ley puede llegar a suplantar la realidad. (Es por esto que las leyes salen luego tan largas; compárense los 205 artículos y 44 disposiciones varias de la ley de educación con los 49 artículos de la ley homónima de Finlandia).
Pero lo cierto es que Joan fue un poco más allá de la reforma legislativa y sostuvo que la independencia de Catalunya es «imprescindible» para que el catalán sea viable. Joan considera que la independencia es más «fácil» que la instauración de un modelo lingüístico igualitario en España. Pero aunque la independencia fuera cosa hecha, no es evidente que permitiera alcanzar el sueño de «hacer de la lengua catalana le lengua pública habitual, normal, común de nuestra sociedad». A Bernat Joan le irían muy bien unas vacaciones en Ucrania. Dieciocho años después de la independencia, ninguna medida legislativa, ni siquiera la oficialidad exclusiva del ucraniano, ha logrado hacer del ucraniano «la lengua pública habitual, normal, común» de la sociedad ucraniana.
Poniendo piadosamente la independencia entre paréntesis, lo que ahora mismo le conviene a Catalunya no es la nueva ley de política lingüística que postula Joan, sino una nueva política lingüística algo más enraizada en la realidad. O acaso unos nuevos políticos lingüísticos, que en lugar de fantasear con lenguas comunes tengan mayor capacidad política para hacer realidad los (razonables) objetivos lingüísticos del tripartito. La verdad es que si uno relee el documento programático Entesa Nacional pel Progrés no ve claro en qué hemos avanzado en los últimos tres años: ¿se ha desplegado el Estatut por lo que respecta a las políticas lingüísticas? ¿Se garantiza «que todo el mundo pueda ejercer su derecho a utilizar el catalán en toda situación»?
¿Tenemos una ley de lenguas española que incorpore las lenguas diferentes del castellano en los símbolos del Estado y reconozca su uso en las instituciones del Estado? ¿El catalán ya es una lengua europea «a todos los efectos»? ¿Hemos avanzado en el campo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y en el sector audiovisual como elemento divulgador del catalán? En definitiva, ¿dónde están los «hechos, no palabras» que prometió José Montilla?
* Profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.
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